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Indice |
El aumento de casos de femicidio en los últimos años ha puesto sobre el tapete la inoperancia y la falta de sensibilidad de los sistemas de justicia en los países de la región, y, al mismo tiempo, ha llevado a las distintas redes y ONG feministas, así como a las organizaciones del movimiento social de mujeres, a movilizarse e implementar estrategias destinadas a denunciar y detener este flagelo. El caso de las 273 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, México, no sólo es el fenómeno más impactante de los últimos tiempos, sino un ejemplo de la tenacidad y la capacidad desarrolladas por los movimientos feministas antivio-lencia y las organizaciones de derechos humanos por impedir que la impunidad se mantenga. A continuación presentamos un apretado recuento de las acciones llevadas a cabo por estas organizaciones. Ciudad Juárez se ha convertido en un símbolo de la impunidad, por ser el lugar que exhibe la cifra más alta de asesinatos de mujeres de los últimos tiempos. En 1993 empezó esta espiral de violencia sexista que no cesa. A la fecha, las organizaciones de mujeres y de derechos humanos han contabilizado 273 muertes, casi todas sin resolver. (Ver nota aparte). En 1994, las ONG de mujeres comenzaron a recopilar información sobre estos asesinatos, aparecida en los periódicos, para tener conocimiento de su dimensión y, al mismo tiempo, presionar a las autoridades de justicia para que actuaran enérgicamente. Esta recopilación hemerográfica fue realizada por el Taller de Género de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Grupo 8 de Marzo y el Comité Independiente del Estado de Chihuahua de Derechos Humanos. Posteriormente, pidieron que se abriera la Agencia Especializada de Delitos Sexuales en la Subprocuradoría de Justicia de la Zona Norte de dicho Estado. A partir de ese año, aumenta la presión ciudadana, a través de marchas de protesta por toda la ciudad, y, en 1995, nace la Coordinadora de ONG en Pro de la Mujer, donde confluyeron 16 organizaciones de defensa de los derechos humanos y de los movimientos feministas. El objetivo de la Coordinadora era llamar la atención por la negligencia con que se realizaban las investigaciones, y, principalmente, por las actitudes misóginas y moralistas de las autoridades políticas y judiciales de Ciudad Juárez. La condena social y los juicios morales en contra de las mujeres victimadas fue constante a lo largo de 1996 y 1997. El entonces gobernador del Estado, del Partido Acción Nacional (PAN), Francisco Barrio Terrazas, culpó de manera reiterada a las víctimas, manifestando que venían de familias desintegradas, era migrantes y se caracterizaban por llevar una "vida fácil", salir con muchos hombres, para, finalmente, concluir que el "número de mujeres asesinadas era normal". Campaña a nivel nacional En 1997, se crea la Agencia Especializada de Delitos Sexuales; un paso importante, pero que no resolvió los asesinatos de mujeres ni cambió la falta de voluntad política para resolver los homicidios, según la opinión de la Coordinadora de ONG. Esta denunció el trato que recibían los familiares de las víctimas, que eran hostigados y menospreciados, y no se les proporcionaba información sobre el avance de las investigaciones. El siguiente paso fue implementar una campaña, de dimensión nacional, en contra de la violencia sexual hacia las mujeres. A esta campaña se incorporan todas las ONG de mujeres del país. En Chihuahua, se forma el Grupo Plural, integrado por ONG de mujeres y organismos de derechos humanos, quienes encabezan una campaña local, exigiendo al gobernador del Estado la creación de la Fiscalía especial para investigar los homicidios de mujeres, la misma que se crea en 1998. Ese mismo año, la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, creada por presión de las ONG del Distrito Federal, se pronuncia en contra de los asesinatos de mujeres. Dentro de esta Comisión, las mujeres diputadas interponen una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esta Comisión realiza una investigación y, luego, emite la recomendación 4498/98 intitulada "Caso de las Mujeres Asesinadas en Ciudad Juárez y sobre la Falta de Colaboración de las Autoridades de la Procuradoría General de Justicia del Estado de Chihuahua". Entretanto, las organizaciones de mujeres continúan realizando movilizaciones para exigir que se frene la ola de asesinatos. Como medida de presión, en noviembre de 1997, colocan una cruz enorme a las puertas de la Subprocuradoría con los nombres de cada una de las mujeres victimadas, y, a partir de la desaparición de dos jóvenes, Silvia Arce y Griselda Maris, la primera hija de una de las integrantes del Comité Independiente de Chihuahua de Derechos Humanos, las ONG cambian de estrategia, realizando plantones permanentes frente a la Subprocuradoría de Justicia de la Zona Norte. Esta actividad duró seis meses. Durante este tiempo, ofrecieron información sobre los asesinatos y recepcionaron las quejas de los familiares. A parar la impunidad A raíz del asesinato de María Sagrario González, en abril de 1998, quien daba clases de catecismo y pertenecía a las comunidades eclesiales de base, la Iglesia se pronuncia condenando el discurso discriminatorio en contra de las víctimas. Esto permite que las autoridades modifiquen sus opiniones sobre "las mujeres pervertidas y con muchos amantes", aunque siguieron sosteniendo que la desintegración familiar era una de las causas que originaban estos asesinatos. En junio de ese mismo año, los familiares de las víctimas conformaron la organización Voces sin Eco, con el objetivo de unir fuerzas. Cuando los asesinatos de Ciudad Juárez se convierten en un asunto de interés nacional, en noviembre de 1997, las ONG y las redes nacionales de mujeres, así como organizaciones feministas de diversas partes del mundo, inician una gran campaña para pedir a las autoridades federales y estatales que den una respuesta satisfactoria. Esto atrajo la atención internacional, a tal punto que medios de comunicación de Europa, Estados Unidos y América Latina, enviaron corresponsales a Ciudad Juárez para documentar el fenómeno. Una acción que tuvo repercusiones nacionales e internacionales fue la Campaña "A Parar la Lista de la Impunidad. Ni Una Más", iniciativa de la Asamblea Nacional de Mujeres para la Transición a la Democracia, que aglutina a mujeres de todos los partidos políticos y diversas ONG. Sus integrantes fueron en varias oportunidades a Ciudad Juárez para realizar acciones conjuntas con la Coordinadora de ONG locales. Igualmente, acompañaron a las legisladoras federales del PAN, PRI y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quienes se entrevistaron con las autoridades judiciales. Debido a estas acciones, en marzo de 1998, dos representantes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos, llegan a Ciudad Juárez a recopilar información, a fin de apoyar la investigación de la Subprocuradoría de Justicia de la Zona Norte. Como se sabe, poco después es apresado el egipcio Sharif Sharif, acusado de ser el único el autor intelectual de los asesinatos. Igualmente, son encarcelados los integrantes de la llamada banda de "Los Ruteros", que actuaba bajo las órdenes de Sharif. Esta decisión no satisface a los familiares ni a las organizaciones de mujeres (ver nota aparte). En abril de 1998, el Comité Independiente de Chihuahua de Derechos Humanos, hace un pronunciamiento en la 55 Asamblea General de las Naciones Unidas, denunciando la falta de interés y el no esclarecimiento de los asesinatos de mujeres. En la actualidad, y a pesar de esta intensa movilización ciudadana, la mayoría de los crímenes siguen sin ser esclarecidos. Una reciente iniciativa de las organizaciones comprometidas con la causa de las mujeres asesinadas ha sido gestionar la venida a México del Relator Especial de Independencia de Jueces y Abogados de Naciones Unidas, Dato Param Cumaraswamy, quien, en el mes de mayo de este año, visitó Ciudad Juárez reuniéndose con los familiares de las víctimas y con las diversas organizaciones de mujeres y de derechos humanos. Este funcionario recabó importante información para elaborar un informe completo de lo sucedido hasta el momento en México. En él deberá incluir cinco recomendaciones en su informe sobre México, que contribuyan al esclarecimiento de los asesinatos. Fuente: |
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